RESTRICCIÓN, ABUSO Y DISCRIMINACIÓN EN EL MERCADO TECNOLÓGICO Y SECTORES REGULADOS

Jaume Martí Miravalls, Juan Ignacio Ruiz Peris

El proyecto “Restricción, abuso y discriminación en los mercados tecnológicos y sectores regulados” pretende adentrarse en una materia de la máxima actualidad a nivel mundial. Desde el hilo conductor del Derecho de la Competencia se profundizará en dos de los grandes retos del Derecho actual: el mercado tecnológico y los sectores regulados.

Para ello se cuenta con un equipo consolidado, de acreditada solvencia, tanto desde la perspectiva investigadora como desde la aplicación del Derecho de la competencia por las autoridades de Defensa de la competencia, que lleva años estudiando las instituciones clásicas del Derecho de la Competencia, esto es, restricción, abuso y discriminación. En este proyecto se pretende centrar toda esa experiencia en los mercados que mayor número de problemas y resoluciones está generando tanto a nivel comunitario como nacional.

Los números hablan por sí solos. Si analizamos las principales sanciones impuestas en los últimos diez años, desde 2008 hasta 2018, por parte de la Comisión Europea, todas ellas están directa o indirectamente relacionadas con el mercado tecnológico o con los sectores regulados. Así, por ejemplo, en el mercado tecnológico, caso Goolgle II (2018) 4.300 millones de euros, caso Qualcomm (2018) 997 millones de euros, caso Google I (2017) 2.420 millones de euros, caso Intel (2009), caso Microsoft (2008) 899 millones de euros. Por su parte, en sectores regulados, en mercado del transporte, cártel camiones (2016) 2.930 millones de euros, caso Schaeffler (2014) 953 millones de euros, y caso Saint-Gobain (2008) 1354 millones. En el mercado financiero, caso cártel del LIBOR (2013) 1.712 millones de euros. Y en el sector gasístico, caso EON (2009) 1.106 millones de euros. Si hacemos un sumatorio de las diez principales sanciones, la cantidad asciende a 19.198 millones de euros.

La imposición como sanción de estas grandes cantidades conlleva la imperativa necesidad de que las resoluciones administrativas y judiciales se construyan sobre una sólida y correcta fundamentación jurídica.